A pesar de que las cámaras corporales fueron adquiridas para fortalecer la transparencia en operativos policiales, agentes de Mexicali enfrentan obstáculos para su uso adecuado debido a vacíos normativos. Oscar Vega Marín, funcionario local, señaló: “Las cámaras se adquirieron, están asignadas, deben utilizarse, pero como bien lo ha informado la presidenta municipal, hay lagunas normativas que de repente hacen que sea confuso su uso”. Entre las contradicciones destaca la prohibición de grabar cuando hay menores involucrados en un incidente, incluso en casos de flagrancia. Vega Marín cuestionó: “¿Debe permanecer esa norma o eliminarse? Eso puede tener otras implicaciones”. Además, actualmente cualquier persona puede negarse a ser grabada durante un operativo, lo que limita la recopilación de evidencia y abre debates sobre derechos ciudadanos versus rendición de cuentas.
Organizaciones civiles exigen claridad en los protocolos, ya que la falta de regulación específica genera desconfianza en la ciudadanía. Aunque el gobierno municipal busca actualizar las normas, el proceso se complica al equilibrar protección de datos, especialmente de menores, con la necesidad de documentar acciones policiales. Activistas advierten que, sin cambios, las cámaras seguirán siendo subutilizadas, afectando la objetividad en investigaciones. Mientras tanto, autoridades insisten en que trabajan para resolver estas inconsistencias, pero sin plazos definidos. El debate sigue abierto: ¿hasta qué punto la privacidad debe prevalecer sobre la transparencia en seguridad pública?
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