Los restos óseos encontrados en la zona montañosa de Jacumé, Tecate, en noviembre, fueron confirmados mediante pruebas de ADN como los de Karen Sofía, una migrante colombiana de 22 años cuyo sueño de llegar a Estados Unidos terminó en tragedia. Según su hermana, la Fiscalía de Baja California notificó por teléfono la identificación, cerrando meses de incertidumbre para la familia. Karen había partido de Colombia hacia Tijuana, donde contactó a sus seres queridos para expresar malestar físico antes de ser trasladada en un tráiler junto a otros migrantes hacia Jacumé. Su último mensaje incluyó una ubicación y la promesa de cruzar pronto la frontera. Dos días después, un supuesto pollero informó que la joven sufrió una emergencia médica y fue abandonada. En la búsqueda, voluntarios hallaron sus pertenencias —trenzas, ropa y artículos personales— cerca de los restos, vinculados ahora oficialmente a ella.
El caso destapa la crudeza del tráfico humano y los riesgos que enfrentan miles de migrantes. Aunque la identificación es un paso crucial, la familia de Karen, radicada en una zona rural de Colombia, enfrenta obstáculos para repatriar sus restos debido a la falta de apoyo del consulado colombiano en México y sus limitaciones económicas. Organizaciones civiles buscan mediar con autoridades de Baja California y la Secretaría de Bienestar federal para evitar que los restos terminen en una fosa común. Mientras, el sueño de Karen se convierte en símbolo de un sistema que prioriza el lucro sobre la vida humana, dejando preguntas sobre cuántas historias similares quedan sin resolverse en las áridas rutas de la frontera norte.
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