En la frontera, colectivos alzan la voz frente al abandono que, según denuncian, sufren las familias afectadas por desapariciones. La falta de apoyo estatal se ha vuelto evidente, pues “no es justo lo que están haciendo”, según afirmó Irma Leyva, quien resaltó la difícil situación que atraviesan las madres que, “venden hasta su casita, venden su carrito”, en un intento desesperado por encontrar a sus seres queridos. La crítica se centra en la limitada oferta del gobierno, que se reduce a “el traslado y en donde pernoctar”, dejando de lado necesidades básicas como el alimento, lo que aumenta la sensación de abandono y frustración en medio de un escenario de crisis humanitaria.
La denuncia cobra fuerza al evidenciarse que, mientras el gobierno opta por medidas mínimas, la realidad de más de 160 víctimas se vive con angustia y desamparo. Los colectivos critican que, en lugar de una respuesta digna, se priorice el simbólico homenaje mediante estatuas, dejando en un segundo plano el apoyo efectivo a quienes sufren. Este clamor por atención y justicia en la frontera genera inquietud en la opinión pública, que exige respuestas claras y acciones concretas para garantizar el bienestar de las familias afectadas.
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