La reforma constitucional sobre prisión preventiva oficiosa amplía el catálogo de delitos que ameritan detención automática, incluyendo extorsión, delitos relacionados con fentanilo y emisión de comprobantes fiscales falsos. En Baja California, esta medida se aplicará sin necesidad de reformas locales.
El diputado Juan Manuel Molina señaló que, aunque la reforma es obligatoria, los jueces aún pueden analizar cada caso para determinar si la prisión preventiva es necesaria, considerando factores como riesgo de fuga.
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